El Norte. 26 de febrero de 2012.
Angel Charles
Monterrey, México (26 febrero 2012).- El Observatorio Mexicano de Derechos Humanos interpuso un amparo ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en contra del Congreso del Estado por omisión legislativa, con el que buscan obligarlo a tipificar del delito de desaparición forzada.
Carlos Treviño, representante legal del organismo no gubernamental, señaló que este recurso legal se interpuso ante la falta de interés del Poder Legislativo en Nuevo León para actuar en la materia.
Detalló que por tratados internacionales firmados por México y avalados por el Senado de la República, las entidades federativas están obligadas a tipificar este delito.
“El amparo ya fue admitido el 2 de febrero pasado”, expresó Treviño, “el acto reclamado es la omisión legislativa, pues el Congreso no ha legislado en materia de desaparición forzada y eso implica violaciones a los derechos humanos.
“Es obligación del Congreso legislar en materia de desaparición forzada derivado de tratados internacionales, pero al no quererlo hacer recurrimos a la vía judicial, que puede ser atacada vía amparo”.
Pese a que el Congreso local ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Senado y del mismo Ejecutivo estatal, dijo, no han tenido eco con los diputados locales, por lo que buscan obligarlos por la vía legal a que cumplan con ese mandato.
Los tratados internacionales firmados por México que obligan a tipificar como delito la desaparición forzada, añadió Treviño, son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2002 y 2007, respectivamente.
“Viéndolo objetivamente”, comentó, “creo que sí tenemos mucha oportunidad de ganar el amparo, existe una obligación internacional que obliga al Congreso a tipificar ese delito, no hay por qué no”.
Incluso, el abogado manifestó que en el informe justificado entregado por el Congreso al Juzgado, el 21 de febrero, aluden a que no hay constancia de los tratados internacionales firmados por el País, pese a que sí están publicados, argumento que hace probable que este recurso sea sentenciado a su favor.
