• EDITORIAL

*LA URGENCIA DE SALDAR DEUDAS PENDIENTES*

Agosto de 2024

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la recta final y nos enfrentamos a una realidad: los pendientes en materia de derechos humanos y justicia siguen acumulándose.

La reciente carta dirigida a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confirmó que el ejército mantiene un gran poder y cuenta con el respaldo del presidente. La defensa al ejército obstaculiza el derecho a la verdad, y  pone en entredicho el compromiso del gobierno con la justicia y la transparencia.

Sin embargo, el caso Ayotzinapa no es el único que nos preocupa. La Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves Cometidas de 1965 a 1990 está concluyendo su trabajo en medio de cuestionamientos y divisiones internas. La falta de unidad en su labor y el distanciamiento de las víctimas han socavado su credibilidad. Es lamentable que se hayan priorizado eventos académicos suntuosos por encima de un trabajo cercano y comprometido con quienes buscan justicia. La posibilidad de que se presenten dos informes separados refleja la fragmentación de un proceso que debería haber sido unificador y esclarecedor.

Y en el tema de las desapariciones y su identificación forense, nos enfrentamos a un panorama sin mucha esperanza. El fracaso del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) ha dejado un vacío en la identificación y reconocimiento de cuerpos. Miles de familias siguen esperando respuestas, mientras los restos de sus seres queridos permanecen sin identificar. Este es un recordatorio doloroso de la incapacidad del Estado para abordar de manera efectiva una de las crisis humanitarias más graves de nuestra historia reciente.

Desde OMDHAC, hacemos un llamado urgente al gobierno federal y a todas las partes involucradas a:

  1. Garantizar una investigación independiente en el caso Ayotzinapa, sin la interferencia del ejército o de intereses políticos.
  2. A que la Comisión para el Acceso a la Verdad priorice la voz de las víctimas y busque un consenso que permita presentar un informe unificado y contundente.
  3. La rendición de cuentas con respecto al fracaso de los planes de identificación humana y se establezca un nuevo plan que recoja las ideas de familiares y personas expertas.

Es hora de acciones concretas y que el nuevo gobierno asuma desde ahora las tareas pendientes.

 

 

 

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