*ENTRE LA NUEVA JUSTICIA Y LAS REFORMAS INCONCLUSAS*

1 de julio de 2025

Se acerca el inicio de una nueva etapa en el sistema de justicia mexicano con el arranque de actividades de las nuevas personas juzgadoras electas popularmente. Este momento histórico llega acompañado de expectativas legítimas pero también de preocupaciones fundadas sobre la capacidad técnica de quienes ahora ocupan estos cargos trascendentales para la vida democrática del país.

Los deficientes procesos llevados a cabo por los comités de evaluación correspondientes han generado dudas razonables sobre la preparación de muchas de las personas electas. Sin embargo, la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de una persona indígena representa una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento real del pluralismo jurídico y la defensa amplia de los derechos humanos desde una perspectiva intercultural que el país necesita de manera urgente.

Será fundamental vigilar que esta representación indígena no se limite a un simbolismo vacío, sino que se traduzca en una gestión que efectivamente promueva los derechos de los pueblos originarios y fortalezca el reconocimiento de sus sistemas normativos. La nueva configuración judicial enfrentará pruebas inmediatas de su compromiso con los derechos humanos, particularmente en temas como la prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales.

El periodo extraordinario del Congreso concluyó con la aprobación de diversas reformas que, lamentablemente, mantienen el patrón de avances parciales y compromisos incumplidos. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, quedó pendiente el tema fundamental del verdadero avance con las radios comunitarias, limitando el ejercicio del derecho a la comunicación de pueblos y comunidades. La reforma en materia de desapariciones, por su parte, sigue sin cumplir cabalmente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, perpetuando la impunidad en un tema que ya tiene más de 100,000 personas desaparecidas.

Igualmente preocupante resulta que no se haya avanzado en convertir a la Guardia Nacional en una verdadera fuerza civil, manteniendo un esquema de militarización de la seguridad pública que mantiene los riesgos de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos.

En el contexto internacional, la administración Trump ha escalado dramáticamente su ofensiva contra las personas migrantes con políticas que constituyen una afrenta directa a la dignidad humana. Las miles de deportaciones registradas reflejan la implementación de un programa sistemático de expulsión masiva que viola principios fundamentales del derecho internacional. Particularmente grave resulta la deportación a centros de reclusión de máxima seguridad sin garantías procesales básicas.

Las acciones de la administración de Trump representan una escalada autoritaria sin precedentes que convierte la condición migratoria en un delito que justifica medidas punitivas extremas. Estas políticas violan estándares internacionales de derechos humanos.

La nueva etapa que inicia con las personas juzgadoras electas y las reformas aprobadas debe ser objeto de vigilancia ciudadana constante. El futuro de los derechos fundamentales en México se definirá en gran medida por la capacidad de la sociedad civil para exigir que las promesas de transformación se conviertan en realidades tangibles para quienes más las necesitan. Como organizaciones defensoras de derechos humanos, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear, documentar y denunciar, pero también de acompañar y fortalecer las luchas que desde abajo construyen alternativas de justicia y dignidad.