La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una serie de audiencias para analizar la situación de los derechos humanos con respecto a varios países y temas. La Comisión, según su reglamento es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promoverla observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Con motivo de las audiencias realizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones no gubernamentales externaron sus preocupaciones con respecto a la situación vivida en México. Algunos de sus señalamientos fueron los siguientes:
*En 2012 México fue el país que más denuncias recibió por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana.
*Entre 60 y 100 mil personas asesinadas en los últimos 6 años sin que se resuelvan sus crímenes. Alrededor de 25 mil personas desaparecidas.
*Iniciativas de ley (del Diputado Francisco Arroyo y del Senador Raúl Cervantes) regresivas en materia de derechos humanos que buscan limitar los avances que ha habido.
*Faltan entidades federativas de reformar su marco jurídico para adecuarlo al nuevo régimen constitucional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en Nuevo León no se reconoce el principio pro persona.
*No se ha adecuado el marco legal en materia de amparo a pesar de la reforma constitucional realizada en junio de 2011.
*No se ha reformado el Código de Justicia Militar para excluir del fuero militar toda violación a los derechos humanos cometida por militares.
*Crecimiento exponencial de la desaparición forzada.
*Sigue la práctica del arraigo como forma particular y agravada de detención arbitraria.
*La tortura se comete de forma recurrente y queda impune. Es urgente reformar la aplicación del Protocolo de Estambul.
*Gran parte de los delitos no se denuncia.
*En los próximos años se llevarán a cabo 11 proyectos hidroeléctricos y se han registrado 757 proyectos de extracción minera. Muchos de estos proyectos vulneran de forma grave y sistemática los derechos a la consulta, el derecho al consentimiento libre previo informado, al medio ambiente sano, a la vivienda, al agua, a la autodeterminación, a la información y por consiguiente, a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
